En los últimos años se ha intensificado la necesidad de conseguir la igualdad de los derechos por parte de todos los ciudadanos, gracias en parte a la aparición de la ley LISMI. Una ley que ha supuesto un importante avance, y que en este post te vamos a contar con todo detalle. Presta atención y toma nota.

¿En qué consiste la ley LISMI?

La ley LISMI tuvo su aparición en el año 1982, con el objetivo de ofrecer cobertura legal tanto a la integración social como laboral de todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad en nuestro país.

Se trata de una ley que es de aplicación totalmente obligatoria no sólo para las empresas públicas, sino también para las privadas, siempre y cuando dispongan de una plantilla con un mínimo de 50 trabajadores. Estas empresas, están obligadas a que al menos el 2% de sus plantillas estén compuestas por personas con un grado de discapacidad de un 33% como mínimo.

Sin duda esta ley es la piedra más importante para conseguir la igualdad, cuyo inicio comenzó a forjarse en el año 1978 con la aparición de la Constitución Española. De hecho, el artículo 49 se centra directamente en la importancia de favorecer la inclusión social de las personas discapacitadas.

Tal y como vemos en la propia Constitución, se obligaba a los poderes públicos a garantizar una serie de políticas de cuidados, tratamientos y en definitiva, la integración de las personas discapacitadas.

Cómo aplicar la normativa

Para aplicar la normativa hay que cumplir con una serie de requisitos de la ley LISMI, basados en el plan de 1997 y en el Real Decreto del 2000.

Real Decreto 2013

La Ley General de Discapacidad surge a raíz de la unión de las leyes LISMI, LIONDAU y la Ley de Infracciones y Sanciones. En relación a la integración laboral, las disposiciones se mantienen de la misma forma, exceptuando una serie de modificaciones de términos que se centran en la necesidad de eliminar la palabra “minusválido”, así como cambiar los términos “inserción” o “integración” por “inclusión”.

Excepciones y alternativas

También puede darse el caso de que una empresa se encuentre en la situación de alegar una serie de causas objetivas, las cuales le impidan poder cumplir con las diferentes obligaciones en relación a los trabajadores discapacitados. En ese caso, lejos de incumplir con la legalidad, existen una serie de medidas alternativas, que ofrecen la oportunidad a una empresa de cumplir con estas obligaciones, a través de una serie de medidas que están reguladas por el Real Decreto 1/2013.

En caso de no cumplir con las obligaciones ni con las medidas alternativas, las consecuencias podrían ser las siguientes:

  • Prohibición a la hora de contratar a través de la Administración
  • Pérdida o exclusión de diferentes ayudas hasta un periodo máximo de un año
  • Sanciones económicas que podrían llegar a los 3000 euros por cada trabador no cubierto